Durante el gobierno de León Febres Cordero, se produjeron graves
violaciones a los derechos
humanos, especialmente casos de desaparecidos, hechos que
provocaron la condena de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al Estado Ecuatoriano,
imponiéndole la obligación de reparar a la víctimas y de investigar y sancionar
a quienes cometieron dichos actos.
Según el criterio de la autora de este trabajo, todos los escenarios de
la democracia fueron estropeados por políticas
arbitrarias. El Ecuador apareció, por primera vez, en los informes de
Amnistía Internacional, ocupando varios capítulos en los que el Estado encubrió
la tortura, la desaparición y el asesinato.
Entre los casos de atropello a los derechos humanos durante su
presidencia, uno de los más conocidos es el caso de la desaparición
de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arismendi,[1] o
también el de la tortura, violación y ejecución
extrajudicial de
la profesora Consuelo Benavides,[2] detenida por miembros de
la Fuerza Naval de
Ecuador.
Los
sobrevivientes de las torturas declararon que Febres Cordero y Jaime Nebot
estuvieron presentes durante las mismas.41 En
el mismo periodo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, Amnistía
Internacional y
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias
realizaron peticiones similares a las autoridades. El gobierno ecuatoriano de
entonces no facilitó en ninguno de los casos información suficiente a estas
entidades sobre sus paraderos. Se presume que atacó a la delincuencia del
país, creando como secreto a voces el grupo "escuadrón de la muerte"
dedicado a castigos y ejecuciones sumarias.
La vulnerabilidad de la política ecuatoriana, en la década de los
80, radica en la transición que se crea consecuencia del fracaso del modelo
capitalino y la convergencia al sistema neoliberal, como factor estructural,
según el criterio de la autora de este proyecto. Lo que implicó el reforzamiento de la idea de
nación, por un lado, pero por otro, la creciente expectativa de la sociedad por
una democracia que garantice los derechos y deberes ciudadanos.
El gobierno de Febres-Cordero, por
medio de su ministro de gobierno, Luis Robles, llevó a cabo una represión
sistemática. Para combatir a AVC; dentro
de la Policía Nacional se formaron fuerzas de élite, como un departamento del
Servicio de Investigación Criminal, conocido como SIC-10, y la Unidad de
Investigaciones Especiales (UIES), cuya misión era neutralizar a los
guerrilleros usando la tortura y el asesinato.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario